Por: PSHA en colaboración con Amazon Watch, Lluvia comunicación, MiningWatch Canadá y Witness. (basado en entrevistas personales con Josefina Tunki, presidenta del PSHA)

Este año y medio de la pandemia de COVID-19, al Pueblo Shuar Arutam (PSHA) en la Amazonía ecuatoriana ha enfrentado una de las épocas más difíciles para su resistencia 

en contra de la minería a gran escala y en defensa del territorio.  El gobierno  y  las empresas mineras intensificaron la invasión extractivista aprovechándose de la pandemia desde múltiples frentes. 

El 56% del territorio del PSHA ha sido concesionado por el gobierno nacional a empresas mineras extranjeras, en su mayoría canadienses, sin su consentimiento: SolGold (Australia), ExplorCobres S.A. EXSA (China y Canadá) y Aurania Resources (Canadá) y Solaris Resources (Canadá). La empresa canadiense Solaris Resources Inc. se instalò en su territorio en el 2019, luego de adquirir el proyecto Warintza, a través de Lowell Mineral Exploration, su subsidiaria en el Ecuador, con el fin de explotar cobre y molibdeno. Ante esta reactivación del proyecto, el PSHA, quien ya había expulsado a Lowell en 2006, reafirmó su derecho a la libre determinación declarando el 2019 “PSHA como territorio de vida (TICCA)” y lanzando la campaña internacional: PSHA ya decidió: No a la minería.

En el 2019, el PSHA reafirmó su derecho a la libre determinación declarando el 2019 “PSHA como territorio de vida (TICCA)” y lanzando la campaña internacional: PSHA ya decidió: No a la minería”. 

Debido a su firme oposición a la minería a gran escala y a mineras como Solaris Resources, empresa respaldada por el gobierno nacional y provincial, el PSHA ha sido objeto de una serie de atropellos por parte de esta empresa con el fin de dividirlos, intimidarlos y así reforzar el avance de los estudios de exploración del proyecto Warintza durante la pandemia. 

Asimismo, a pesar de la pandemia y emergencia sanitaria, el gobierno sigue decretando la explotación minera en territorios indígenas e intenta frenar cualquier acción de protesta social mediante la militarización de territorios y la represión policial. Estas medidas represivas vulneran los derechos colectivos y el ejercicio del derecho a la movilización y resistencia del PSHA y otros pueblos indígenas del Ecuador.  

El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA) está conformado por 47 comunidades organizadas en 6 asociaciones que conforman el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) con un territorio de 230.000 hectáreas aproximadamente. Como dice PSHA “Somos una población de 12.000 habitantes. Nuestra población habita milenariamente la Cordillera del Cóndor, lugar donde están asentadas nuestras comunidades, así como en las riveras y valles del río Zamora, del río Coangos y el río Santiago. Nuestro pueblo es autónomo y ancestral, nuestros abuelos nos han dejado allí mucho conocimiento, enseñándonos su gran valor. La Cordillera del Cóndor es única, porque allí nacen todas las vertientes de agua, nace el bosque y la biodiversidad. Nuestros lugares sagrados también se ubican ahí, las lagunas, las cascadas, las cuevas, que además son un potencial turístico. Además, contamos con nuestro propio plan de vida y reglamentos” (J. Tunki, Comunicación personal, 9 de septiembre del 2021).

Convención minera canadiense y su relación con la llegada del Covid-19 al territorio Shuar 

Cada año durante el mes de marzo, se lleva a cabo la convención minera más grande del mundo en Toronto, Canadá: la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, mejor conocida como PDAC.

Pese a que Canadá ya registraba casos de la Covid-19 y que la Organización Mundial de la Salud advirtiera la necesidad de que los países con casos de coronavirus actuaran agresivamente “para contenerlo”, el PDAC no se canceló.  Asimismo, y haciendo caso omiso a estos riesgos de contagio, Solaris Resources invitó a 7 representantes Shuar al PDAC para lanzar la “Alianza Estratégica”. Una alianza creada por la empresa canadiense con las comunidades Warints y Yawi, dos de las 47 comunidades de PSHA. El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA), máxima autoridad organizativa y único representante de las 47 comunidades y 6 Asociaciones que conforman el PSHA ha rechazado desde entonces firmemente esta alianza. Refiriéndose a la presentación de la Alianza en Canadá, el  CGPSHA se manifestó diciendo: “…Los individuos que participaron en los eventos y reuniones en Canadá, son usurpadores de funciones y su presencia únicamente es responder a los intereses de los proyectos mineros”. 

Esta alianza es solo un ejemplo de muchos de cómo Solaris Resources “genera división en nuestras comunidades, desconoce nuestros sistemas de gobierno y viola nuestro derecho a la autodeterminación”.

Contagios y muertes: el legado de la convención minera canadiense en territorio Shuar

Existen pruebas de que, a su retorno al Ecuador, las 7 personas no siguieron protocolos de aislamiento (visitaron a sus padres adultos mayores, tomaron vuelos internos sin mascarillas, y compartieron lugares cerrados con mujeres y niños en sus brazos). No hubo vigilancia ni por parte de autoridades locales ni por parte de la empresa, que fueron quienes costearon su viaje a Canadá. Alrededor del primer mes del viaje, 3 padres/madres de quienes viajaron murieron y la pandemia se propagó en el territorio de la Cordillera del Cóndor. 

Cordillera del Cóndor. Foto: Comunicación PSHA

A comienzos de abril del 2020, dirigentes territoriales del PSHA comenzaron a recibir alertas por parte de las comunidades acerca de enfermos en sus comunidades. Ante la falta de certeza sobre a lo que se estaban enfrentando, las comunidades solicitaron información para tratar a sus enfermos. 

La primera persona que habría muerto por Covid-19 en el territorio fue la madre de una de las personas de la delegación. En camino de Macas a Warints, ella se habría encontrado con alguien que, al verla en mal estado de salud, la asistió hasta que llegó a la comunidad Maikiuants, sede de la organización PSHA. La persona que la ayudó se enfermó, al igual que su familia y su comunidad. 

Si bien las autoridades departamentales de salud nunca investigaron formalmente cómo ingresó la pandemia, el consenso entre organizaciones locales es que el virus llegó con la delegación que viajó a Canadá auspiciada por Solaris. Pese a esto, la empresa canadiense nunca se responsabilizó por el trauma generado por la pandemia en las comunidades y por el contrario, lo ha negado todo. 

En el seguimiento del proceso de inicio y expansión de la pandemia en la provincia de Morona Santiago, se devela que la mayoría de los primeros casos también fueron importados por médicos, militares, etc, como en Tiwintza y Taisha, así como trabajadores de las empresas extractivas, con sus trabajadores externos que ingresaban y salían del territorio.

En mayo de 2020, más de 100 organizaciones nacionales e internacionales firmaron una carta de solidaridad con el PSHA condenando el actuar de la empresa y exigiendo a autoridades estatales atención inmediata al posible brote COVID-19. 

Tania Laurini, periodista de investigación del colectivo Lluviacomunicación, que habita esta zona de la amazonía ecuatoriana hizo el seguimiento de este caso y concluye: “No es irreal que la minería se lleva vidas, la minería se lleva directa o indirectamente vidas con irresponsabilidades como ésta. Los shuar son personas en constante movimiento/desplazamiento entre comunidades. Entonces al entrar una pandemia se esparce más rápidamente” (T. Laurini, Comunicación personal, 23 de agosto de 2021).

ellos nunca se quedaron parados

Durante los primeros meses de la pandemia y pese a que las comunidades estaban confinadas, Solaris continuó con sus estudios de exploración avanzada:

El gobierno dio el toque de queda, y nosotros comenzamos a cuidarnos. Lamentablemente las empresas Solaris, Solgold y Ecuasolidos siguieron trabajando a través de helicópteros, ellos siguieron ingresando… ellos nunca se quedaron parados, no cumplieron con los cuidados, y decretos de toque de queda que el gobierno impuso. No sé por qué la ley no se da para ellos. Solo para las comunidades y pueblos… Para la empresa no hay ley.-.  (J. Tunki, Comunicación personal, 9 de septiembre del 2021).

Intentos de invisibilizar la pandemia 

Allanamiento, hackeo e intimidación 

Cuando la pandemia comenzó a expandirse Josefina Tunki dio la indicación a las autoridades y ejecutivos territoriales de volver a sus comunidades. Shirap Pascual Nantip Santiak, ex-dirigente de educación, quien se encontraba en Sucúa, sede administrativa del PSHA, no pudo seguir las indicaciones dada la distancia entre Sucúa y su comunidad, en la frontera con Perú. Durante este tiempo Pascual, al ser una de las pocas personas que había quedado en Sucúa, aislado, pero con conectividad, se convirtió en una persona clave en informar sobre los casos de contagio de Covid-19 en el territorio. 

En mayo de 2020 y un día antes de volver a su comunidad, 40 miembros del personal de policía allanaron a media noche el colegio donde dormía el dirigente con su familia y otras dos familias, incluida una señora que acababa de dar a luz. El allanamiento, caracterizado por el uso de la fuerza, se llevó a cabo bajo el pretexto de una denuncia de acoso a menores en línea; acusación que después fue rechazada por la fiscalía luego de reconocer que el celular del dirigente había sido hackeado.  La violencia con la que la policía allanó el lugar causó gran conmoción y trauma entre las familias, en su mayoría mujeres y niños. Una vulneración por la cual no han recibido reparación. 

Asimismo, en septiembre de 2020, las cuentas personales de Facebook de la presidenta y del dirigente de Comunicación Eddy Nawech fueron hackeadas vertiendo contenidos personales en las redes para desacreditar nuestro proceso organizativo.

Señalamientos públicos en contra de la presidenta Josefina Tunki, e intentos por invisibilizar la pandemia

La Presidenta Josefina Tunki también ha tenido que enfrentar acusaciones e insultos públicos por parte del Gobernador de Morona Santiago. Al observar el elevado número de enfermos y en función de sus obligaciones como Presidenta, ella solicitó a la Gobernación y ministerios correspondientes apoyo de personal médico para diagnosticar y asistir a las personas enfermas, e información sobre los protocolos de salud seguidos al regreso de las 7 personas que asistieron a la conferencia minera en Canadá. 

En respuesta a estos pedidos, en abril de 2021, el gobernador acusó, en una rueda de prensa a la Presidenta llamándola “irresponsable” y “mentirosa” por “haber mentido”, según él, acerca de la presencia de la pandemia dentro del territorio Shuar. Este intento de invisibilizar la pandemia en su inicio fue un patrón que se repitió en muchas autoridades y países del mundo. 

La actuación del gobierno en plena pandemia es un caso grave de vulneración de varios derechos. En un país como Ecuador donde “449 personas han sido amenazadas, hostigadas y perseguidas sistemáticamente por la custodia de sus territorios en los últimos 10 años” , este tipo de señalamientos públicos en plena pandemia representa una gran preocupación para el PSHA. 

Están buscando diferentes maneras de debilitarnos

Por todas las vulneraciones materiales e inmateriales contra el territorio y formas de vida colectivas del PSHA, el 23 de noviembre del 2020, el Consejo de Gobierno del PSHA anunció la presentación de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del Estado ecuatoriano por incumplimiento del Convenio 169. 

En este contexto de pandemia, el 6 de noviembre, días antes del anuncio sobre la reclamación ante la OIT, la presidenta del Pueblo Shuar Josefina Tunki y una colaboradora recibieron una amenaza de muerte por parte del Vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources, Federico Velásquez, por vía telefónica.  

Josefina Tunki, Presidenta de PSHA y sus colaboradoras/res frente a la Fiscalía de Sucúa, Morona Santiago, luego de interponer una denuncia en contra del Vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources por amenaza de muerte. Noviembre 2020

De acuerdo con la presidenta, el objetivo de dicha amenaza habría sido amedrentar al PSHA y forzarlos a no llevar el caso ante las instancias de la OIT:

Yo sí recibí la amenaza. Velázquez me amenazó y dijo que “si en la próxima yo veo más denuncias a nivel nacional e internacional porque ya están publicando que Solaris está haciendo mucho daño en su territorio, voy a tener que degollar la cabeza de una de ellas”… ¿degollar qué es? Matar a una gallina. He recibido otras amenazas, comentarios que me irrespetan, están buscando diferentes maneras de debilitarnos, no solamente a mi persona sino a todo nuestro grupo y compañeros que estamos defendiendo nuestro territorio… todo líder que se opone sea hombre o mujer siempre son perseguidos, y amenazados. Entonces siempre van a haber amenazas por ser líder y oponerse a estas empresas, y eso es lo que yo he recibido. Yo entiendo que no es solo mi persona, mis compañeros, otros líderes de las bases, mis compañeras que resisten, mujeres en Maikiaunts y otros lados siempre están amenazadas. (J. Tunki, Comunicación personal, 9 de septiembre del 2021).

    Tania, de lluviacomunicación, destaca que, por cómo fue expresada y quienes son mencionadas, “la amenaza en contra de la presidenta y sus colaboradoras es una amenaza en femenino”  (T. Laurini, Comunicación personal, 23 de agosto de 2021).

Con el fin de visibilizar esta y otras vulneraciones de derechos, el PSHA le solicitó a la embajada canadiense por medio de una carta firmada por 137 organizaciones de alrededor del mundo que condenara públicamente a la firma canadiense Solaris Resources por tal vulneración. Hasta la fecha no ha recibido respuesta a su pedido. 

Vacunas, donaciones y militarización

Otro ejemplo de la violencia que enfrenta el PSHA son los intentos de militarización para avanzar el proyecto de cobre.  

Durante la pandemia, compañías mineras como Solaris Resources junto con autoridades de salud se han aprovechado de la pandemia desarrollando campañas de salud bajo el rótulo de responsabilidad corporativa, “vacunando solamente en comunidades indígenas que apoyan su operación minera”. Algo que la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador denuncia como un intento para seguir “fraccionando el tejido social del PSHA”.  En otras instancias, el gobernador y la empresa han utilizado la asistencia médica para publicitar a Solaris y posicionarla en el territorio como un actor beneficioso para las comunidades e intentar militarizar el territorio. Si bien los dirigentes del PSHA han solicitado por escrito apoyo para atender a los enfermos y acceso a pruebas Covid-19 en compañía de las autoridades territoriales de PSHA, el gobernador ha coordinado el ingreso de donaciones y personal de la salud con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la empresa canadiense y el ejército sin consultar con las autoridades territoriales. 

Asimismo, el 22 de noviembre de 2020, el PSHA denunció publicamente una incursión militar mientras se desarrollaba un taller de fortalecimiento de mujeres. De acuerdo con el Gobernador de la Provincia de Morona Santiago, la militarización se efectuó en respuesta a las denuncias de la empresa desde la figura de la “Alianza Estratégica” y demandas de garantías de protección ante supuestas amenazas de que el pueblo Shuar invadiría a Warints con el fin de sacar a la empresa minera. De esta manera, la gobernación y la empresa usaron a las comunidades Shuar Warints y Yawi para que fueran ellas las que pidieran asistencia militar (protección) para así justificar el ingreso militar/policial al territorio. Cabe recalcar que esta solicitud se generó después de que el CGPSHA anunciara que interpondría una denuncia en contra del estado ecuatoriano ante la OIT por violación de sus derechos colectivos.

El 8 de septiembre de 2021 y en plena pandemia, el PSHA denunció públicamente a Solaris de nuevo por intentar ingresar violentamente maquinaria pesada en la comunidad Maikiuants, sede del PSHA para la construcción del proyecto vial Warints-Yawi. En tal hecho, maquinaria vial fue incendiada y se acusó a miembros de PSHA sin pruebas del incendio. En el comunicado, el PSHA expresó que el Estado utiliza tal incendio para justificar medidas como la militarización de nuestro territorio. Ante esto, el CGPSHA le exigió al gobierno ecuatoriano suspender “las actividades mineras a gran escala de Solaris Resources ya que viola nuestro derecho a la autodeterminación”. También solicitó que se “respetara el derecho a la resistencia pacífica que el Colectivo de Mujeres de Maikiaunts quienes amparadas en su derecho a la auto-determinación y auto-gobierno defienden nuestro territorio e impidieron la entrada de la maquinaria”.. 

Sobrevuelo de helicópteros militares sobre territorio del PSHA, agosto 2021. Foto: Imagen fija del Informe audio-visual: Misión Humanitaria a Maikiuants”. Foto: Comunicación PSHA y LluviaComunicación

A raíz de esta situación autoridades de la provincia de Morona Santiago, la Defensoría del Pueblo y la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador realizaron una visita humanitaria de verificación para escuchar a la comunidad Maikiuants. Durante la visita, las mujeres de Maikiuants denunciaron que fueron agredidas y amenazadas verbalmente por parte de los hombres asalariados de Solaris y que la empresa “crea conflictos, divisiones entre las familias, comunidades y organización”. 

El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) convocó 11 de octubre de 2021, a las autoridades nacionales y locales a la Asamblea, en Maikiuants, sede del PSHA,  para tratar el complejo tema de la minería en Warints -provocado por la empresa Solaris Resources y Lowell-, el rompimiento del tejido social y organizativo entre las familias shuar, el paso de maquinaria pesada para la minería, que a decir del personal de la empresa, es para el proyecto vial, Warints – Yawi. Foto: Comunicación PSHA

La minería ‘verde’ del cobre que promociona el Estado ecuatoriano y las mineras en territorio Shuar durante la pandemia

El cobre es considerado como uno de los metales críticos necesarios para las tecnologías bajas en carbono (como carros eléctricos, paneles solares y redes eléctricas) necesarias para la transición energética y luchar contra el cambio climático. Muchos gobiernos y empresas mineras han declarado que la pandemia servirá para acelerar la transición energética para reducir las emisiones de CO2. De este modo, el gobierno ecuatoriano, las cámaras industriales de minería y las mineras están promoviendo aún más la extracción de cobre en la cordillera del Cóndor. 

Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, “el alza del precio del cobre, anclado al ‘mercado alcista con tintes verdes’ … favorecerá sin duda a los países productores de este metal. Este es el caso de Ecuador, cuyos beneficios se plasmarán en un mayor pago de las regalías para el Estado por su cobre”. En esta misma línea, Daniel Earle, presidente de Solaris, ha recalcado que: “Ecuador tiene un papel importante que jugar en suplir la actual transición energética de electrificación en la cual el cobre es indispensable y cada vez más escaso”.

La empresa se ha aprovechado además de la pandemia para reforzar la idea que se encuentra en una posición perfecta para capitalizar la demanda de metales necesarios para la transición energética, como el cobre al ser Warintza un proyecto de cobre que podrá aportar a proyectos de descarbonización y de carros eléctricos en el futuro. Asimismo, la empresa se ha aprovechado del covid-19 y las preocupaciones latentes de contagio para promocionar el proyecto por las supuestas bondades del cobre como agente anti-bacteriano ante sus inversores. Earle ha tuiteado, “Superficies de cobre antibacterianas, décadas de crecimiento en este rubro.”   

Este auge de la minería para la transición energética ocurre a la vez que el PSHA ha reiterado su oposición a la minería en la amazonía. Como dice la presidenta Josefina: “Nosotros pedimos que respeten nuestros derechos. Nosotros tenemos el único territorio que es la Amazonía, nosotros sabemos que los ríos nacen de las cordilleras y nacen también las vertientes de las cuales tomamos todos, y depende nuestra biodiversidad, el bosque, las lagunas y cascadas. Todo eso lo protegemos nosotros … y sabemos que aporta al cuidado del planeta…. Si bien debemos de luchar contra el cambio climático, esta lucha tiene que ser justa y no debe realizarse violando nuestros derechos colectivos y destruyendo nuestros territorios” (J. Tunki, Comunicación personal, 9 de septiembre del 2021).

Reactivar la economía post-Covid vía decreto minero 151

Desde que inició la pandemia el gobierno ecuatoriano junto con las empresas mineras han posicionado la minería como una industria fundamental para la “reactivación económica” después del Covid-19. 

Si bien durante las elecciones el actual presidente había prometido promover “los derechos humanos y de la naturaleza… y la protección del ambiente con una agenda sostenible”, luego de su elección emitió el decreto 151 que busca acelerar la minería en lugares frágiles como la Amazonía y páramos y proporcionar seguridad jurídica a las mineras para mostrar un ambiente acogedor y propicio para inversionistas mineros. 

Mujeres del PSHA y de otras organizaciones indígenas del Ecuador en un plantón frente al Ministerio del Medio Ambiente protestando en contra del decreto minero. Octubre 2021. Foto: Comunicación PSHA

El decreto 151 incluye el aceleramiento de permisos ambientales de proyectos mineros sin tomar en cuenta los impactos socio-ambientales.  Como lo manifestó la presidenta Josefina Tunki durante el foro de la reforma de ley minera en la ciudad de Macas en septiembre de 2021: “este proyecto de ley minera no tiene ningún beneficio para nosotros, para nuestras bases, para el pueblo ecuatoriano, … el desarrollo no es solo la minería… La minería va a envenenar nuestra agua… El contenido del decreto es todo a favor de las empresas”. 

Solaris Resources también ha utilizado el discurso de la reactivación económica en ruedas de prensa, entrevistas, redes sociales y en la radio local en nuestros territorios. Su mensaje ha sido: “En Ecuador, la minería es una industria que se perfila como uno de los motores económicos del desarrollo del país” y “​​“La #MineriaResponsable es un conductor directo al DESARROLLO. La minería y sus ramas: técnica, educativa, ambiental, TRIBUTARIA y social, TIENEN EL ORGULLO DER SER EL FRENTE de la reactivación económica del mundo. #ModeloWarintza  @SolarisResource Presente”.  La empresa ha realizado varios eventos con proveedores locales posicionando el mensaje de que existe trabajo para las comunidades que hacen parte de la “Alianza estratégica”, Warints y Yawis, y para todas las otras comunidades. Estos discursos buscan promover la expansión del pensamiento y posición minera en el territorio del pueblo Shuar, aprovechándose de la pandemia para interferir con los planes de vida del PSHA. 

De este modo, durante la pandemia, la compañía, respaldada por el gobierno nacional y departamental, en vez de detenerse y de tener la precautela de no ingresar más personal para proteger a las comunidades indígenas, y de atender sus solicitudes de respetar su decisión de No a la minería, la empresa intensifica sus actividades e impulsa la minería en el marco de la reactivación económica post-pandemia. Asimismo, no sólo acrecentó el personal minero en las comunidades Warints y Yawi, sino que convocó abiertamente a personal de todas las comunidades de la zona, aumentando considerablemente la movilidad entre comunidades en plena pandemia, al mismo tiempo que acrecentó la conflictividad social producto de sus acciones divisorias de las familias, comunidades y organización. Como “Pueblo Shuar Arutam reafirmamos que ya dijimos NO a la minería y que este es un proyecto minero que viola nuestros derechos colectivos, contamina nuestros territorios, destruye nuestra armonía como pueblos y afecta nuestros modos de vida. Sabemos que las empresas nunca dan desarrollo, sino problemas”.

Visitas a nuestras comunidades en Numpatkaim (foto arriba) y Sinip (foto abajo) junto a nuestro pueblo viviendo la realidad, el sacrificio y la necesidad que viven nuestra gente. Escuchando las propuestas y planteamientos y firme posición en defensa territorial. Foto: comunicación PSHA